Que una persona en situación de vulnerabilidad decida no solicitar una prestación parece un hecho políticamente irrelevante y moralmente poco controvertido. Pero que no la solicite porque no se le ha informado adecuadamente, porque no entiende el formulario de solicitud, porque este formulario sólo lo puede conseguir en una oficina a la que no puede acceder por no poder pagar el transporte, o porque no dispone de conocimientos informáticos o del ordenador para hacer los trámites, es un hecho inadmisible que nos debería hacer reflexionar a todos
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