La pasada primavera varios clientes de la operadora Euskaltel recibieron una carta en la que se les pedía entre 150 y 475 euros para evitar una demanda judicial por haber descargado mediante redes P2P una película estadounidense. Una historia que se repite ahora con clientes de Movistar de varias partes de España. El Juzgado de lo Mercantil nº 9 de Madrid, después de ser informado de la supuesta descarga ilícita de una obra audiovisual por parte de diversas personas, ha ordenado a Movistar facilitar la identidad y los datos de contacto de las
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