El caso viene de una denuncia del sindicato mayoritario, AUGC (Asociación Unificada de Guardias Civiles), por el expediente disciplinario que se le abre a un agente, del cual se deduce que se han tomado datos de la localización del GPS. El sindicato estima que no es legal usar el GPS para vigilar a trabajadores y que la información se guarde en archivos. La Agencia de Protección de Datos decide, tras realizar una inspección, abrir expediente por una infracción leve, dado que considera que los agentes deben ser informados previamente.
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