Las aguas residuales de media ciudad, más de 150.000 habitantes, se vierten al mar sin depurar desde hace décadas, lo que cuesta a España 4 millones de multa de la UE cada 6 meses, más 12 millones previos. La situación no se resuelve porque el ayuntamiento de Gijón decidió por capricho político construir una depuradora, 36 millones, al lado de una urbanización de viviendas. Los vecinos han ganado 6 sentencias judiciales en 24 años, llegando al Supremo, mientras la administración insiste en la ubicación y el Cantábrico sigue siendo una cloaca
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