Ambas administraciones, con responsabilidades compartidas en este asunto, pretenden evitar que el país pueda ser sancionado por no controlar la presión que se ejerce sobre el acuífero del que vive el espacio protegido, amenazado por las extracciones ilegales para la agricultura y la macrourbanización de Matalascañas, perteneciente al municipio onubense de Almonte.
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