Al afrontar la provisión de fondos de medio millón de euros contratada con el bufete belga de abogados Liederkeke Wolters Waelbroeck Kirpatrick, el Ejecutivo se ha saltado varios artículos de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público y ha incumplido la Ley de Transparencia. Para ello alega la urgencia de una emergencia inexistente y acepta un presupuesto desaforado que refleja su temor al futuro escenario judicial en Europa.
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