El Gobierno español se desmarcó en privado ante Estados Unidos y Ruanda del proceso judicial abierto en 2008 por la Audiencia Nacional contra 40 miembros de la cúpula militar tutsi por genocidio, lesa humanidad y terrorismo, delitos presuntamente cometidos en Ruanda y en la República Democrática de Congo entre 1990 y 2002 y que incluían a nueve víctimas españolas. El Ejecutivo aseguró que "no apoyaba" la causa, que ésta no tenía nada que ver con su política exterior y que algunas medidas adoptadas por el juez le parecían "inútiles".
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