El Gobierno andaluz va a legalizar 300.000 viviendas construídas de forma irregular. Son la mayoría, pero no todas, y eso está provocando algunas tensiones entre los propietarios. Muchos se librarán de la temida demolición que ha planeado sobre sus casas durante años. La intención de la junta andaluza es regularizar a todas excepto las que tengan menos de cuatro años por no haber prescrito y tampoco las que estén en suelo inundable o protegido por su interés.
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