Por medio de un decretazo y sin ofrecer explicación alguna, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha dado marcha atrás en la modificación del mapa de las oficinas registrales. Esta iniciativa, que impulsó en 2007 el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, pretendía ofrecer al ciudadano un servicio más eficaz y fortalecer la seguridad jurídica de un servicio público que siempre se ha caracterizado por estar íntimamente relacionado con el estallido de la burbuja inmobiliaria.
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