El fiscal del denominado caso Alquería ha mantenido su petición de 8 años de prisión y 20 de inhabilitación para cargo público para el expresidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez. En la exposición de sus conclusiones, el fiscal Anticorrupción en este procedimiento, Pablo Ponce, ha insistido en que durante la contratación de altos directivos en la empresa pública Divalterra (dependiente de la Diputación y ahora ya extinguida) se incurrió presuntamente en los delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental.
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