La votación independentista puede ser no sólo desobediencia al TC, sino también malversación. A raíz de lo que se ha descubierto en la instrucción, el fiscal apunta ahora a la posible existencia de otros dos delitos: prevaricación administrativa y malversación de fondos públicos, que agravan cualitativamente el rango de las penas a las que podrían enfrentarse quienes, en abierto desafío al TC, pusieron dinero, infraestructuras y medios públicos al servicio de la celebración de la consulta.
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