En un comunicado conjunto, la relatora especial sobre la independencia de magistrados y abogados, Gabriela Knaul, y los cinco integrantes del Grupo de Trabajo de la ONU sobre desapariciones forzadas lamentaron que el juez Garzón pueda ser castigado por haber abierto una investigación de las violaciones de derechos humanos cometidas en su país. Los expertos recordaron que esas pesquisas son acordes con las obligaciones de España y con los principios del derecho internacional.
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