Media docena de miembros de distintos Gobiernos del PSOE y del PP han respondido a EL PAÍS qué sabían, qué sospechaban, qué hicieron y qué creen ahora, al destaparse los escándalos relacionados con el Rey emérito —el último, una segunda regularización fiscal por 4,39 millones de euros— que debieron haber hecho entonces. Algunos han accedido a hablar con su nombre. Otros piden el anonimato. Todos admiten que llegaron a estar preocupados por la conducta de Juan Carlos I y que es necesario hacer cambios en la regulación de la institución.
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