El Estado argentino deja de abonar una asignación mensual a la Iglesia católica fruto de una ley aprobada en 1979, durante la dictadura militar. La propia Iglesia había ido renunciando de forma gradual a ese dinero desde 2018 en respuesta a la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo en este país. A partir de ahora la Iglesia argentina no recibe dinero del Estado para el mantenimiento del clero.
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