Todos los indicios apuntan hoy a que que Todd Willingham, ejecutado en 2004 en Texas, era inocente. Un hecho sin precedentes en un país que administra la inyección letal a una media de 50 condenados y un argumento a favor para los abolicionistas. Probar la inocencia del condenado después de su muerte es algo extremadamente raro en los Estados Unidos y, según los expertos, ningún Estado ha reconocido nunca oficialmente haber cometido un error.
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