El voto particular a la sentencia del Tribunal Constitucional que avala el delito de sedición en los hechos ocurridos en Catalunya en el otoño de 2017 pone en duda gran parte de los hechos fijados por el Tribunal Supremo. Dos de los once magistrados que han firmado la sentencia creen que la condena a los líderes independentistas es desproporcionada y muestra sus reticencias respecto de la propia redacción y aplicación del delito de sedición.
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