Las presuntas estafadoras se aprovechaban del desconocimiento de los desplazados recién llegados a Alicante que acudían a comisaría para obtener los documentos que les permiten residir legalmente en España. Tras simular que trabajaban para la Policía les aseguraban que los trámites iban a ir más rápido si abonaban 250 euros por adulto y 150 por menor.
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