Pierden el derecho a determinadas prestaciones y atenciones sociales y a elegir centro escolar para sus hijos, que «sólo entrarán en el colegio que quieran si quedan plazas libres», apunta Rodríguez, que advierte de que conseguir el informe de arraigo social necesario para solicitar el permiso de residencia se convierte en misión imposible si el interesado no está empadronado. «Al expulsarlos del padrón, la Administración los ha hecho invisibles».
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