Nada que objetar al derecho a la objeción de conciencia de los médicos. Sólo me pregunto por qué el listón ético de la sanidad pública parece situarse bastante más arriba que el de los de la privada. En Balears la sanidad pública practicó 120 interrupciones del embarazo, frente a los más de 2.500 de las clínicas privadas, caben dos opciones, una vergonzosa y otra no.
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