La renta era de 3.000 euros. El local fue del gusto de un notario, que en junio del 2021 firmó el contrato de arrendamiento y abrió ahí su despacho. Pagó religiosamente lo pactado durante un año y medio. Hasta enero del 2023. En esas fechas, la propiedad, de manera unilateral y contraria a la legalidad, decidió subir la renta a 4.000. ¿Qué hizo el notario? Como conocedor de la ley, en lugar de abonar semejante cantidad, decidió pagar 3.230, que era lo máximo que le podía subir el arrendador.
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