La Comisión Nacional de la Competencia ha abierto una investigación de oficio para aclarar si la Generalidad ha incurrido en posibles prácticas ilegales al conceder una ayuda de 300.000 euros para vender un 20 por ciento más baratos más baratos los productos catalanes. La Confederación Catalana del Comercio y Fiab, la patronal de la industria alimentaria, están ultimando la presentación de una denuncia ante este organismo. El consejero de comercio catalán ha anunciado que la Generalidad se iba a replantear las ayudas.
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