La medida va dirigida a familias que hayan sido desahuciadas por el impago de la hipoteca y tengan unos ingresos mensuales inferiores a 1.597,53 euros mensuales. En principio, deberán dirigirse a la entidad financiera que ejecutó su vivienda y ésta dará prioridad a los casos más graves, previo informe de los servicios sociales.
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