La causa abierta en el Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado por un presunto delito de revelación de secretos del que habría sido víctima la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, inicialmente centrada en comunicaciones internas en la Fiscalía, ha dado un giro inesperado que salpica directamente al Gobierno, por la presunta utilización política de los e-mails en los que el empresario asume la comisión de hasta dos delitos fiscales. Esta nueva derivada y el informe aún pendiente de entregar por la Guardia Civil
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