Los centros de la provincia encargados del control y cumplimiento de las condenas judiciales a menores que no requieren internamiento se han visto con el agua al cuello para atender los casos derivados de la Fiscalía de Menores de Alicante y han recurrido a préstamos para poder pagar a los educadores y así evitar que las condenas prescriban. La Conselleria de Justicia presta en la provincia de Alicante los servicios de medidas judiciales en régimen abierto o semiabierto a través de tres centros privados a los que otorga subvenciones anuales
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