La nueva normativa, abierta ahora a un período de alegaciones y que entrará en el Parlamento a finales del verano, destierra la educación diferenciada (por sexos) y establece que para entrar a formar parte del sistema público los centros deben cumplir el principio de «escolarización mixta». Eso significa que los colegios concertados que actualmente separan por sexos podrían dejar de recibir ayuda pública.
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