La Fiscalía Anticorrupción, en su querella denuncia que el objeto del contrato público suscrito por cuatro millones de euros «no se ajustó a la necesidad del gasto público»,puesto que se trataba de mascarillas que ya había en Canarias y no FFP3 que sí eran necesarias. Además, el fiscal expuso que el gobierno canario pagó a RR7 United esa cantidad habiendo licitadores «más competentes y solventes»,ofreciendo precios más competititivos. El fiscal considera inexcusable justificar el gasto «distinto al necesitado y al precio más alto ofertado»
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