Los empleados públicos de la Justicia han encontrado el punto débil del ministro Rafael Catalá, su talón de Aquiles. Han aprovechado muy bien las circunstancias por las que atraviesa dicho servicio público para revalorizar su fuerza de trabajo y apretarle las clavijas al máximo responsable gubernamental del funcionamiento de la Administración de Justicia. El ministro ha cedido, no por la aparición de un caso de fuerza mayor, sino por su falta de previsión de las consecuencias de unos sucesos anunciados (y en su mayor parte por él mismo programa
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