La Cámara de Diputados uruguaya ha dejado sin efecto la norma que permitió la impunidad de los crímenes de Estado cometidos en la dictadura (1973-1985), conocida como Ley de Caducidad. Según el texto aprobado, los tribunales uruguayos tendrán que considerar protegidas por la Constitución todas las normas internacionales de defensa de los derechos humanos suscritas por el país y que por tanto hacen "inaplicable" la Ley de Caducidad.
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