Dos terratenientes, amparados por el poder político y con el apoyo del Poder Judicial y policías fuertemente armados, participaron de una "cacería humana" en la comunidad diaguita Indio Colalao. Iban con 25 órdenes de captura. Ingresaron a las viviendas y rompieron las pertenencias de los aborígenes. Detuvieron a dos de ellos, que fueron trasladados a Tucumán.
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