El gobierno de Brasil se pronunció en contra de la derogación de la Ley de Amnistía dictada por la dictadura militar en 1979, que impide la apertura de procesos contra torturadores. La Orden de Abogados de Brasil reclama que dichos crímenes sean declarados imprescriptibles. Ningún acusado por torturas, secuestros, desapariciones y muertes durante la dictadura militar (1964-1985) fue juzgado o sancionado, por imperio de la mencionada ley, y según la Orden de Abogados, la norma fue votada "por un parlamento sumiso"
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