Los gobiernos autonómicos de Castilla-La Mancha, primero con José Bono y luego con José María Barreda, toleraron la mayoría de desmanes urbanísticos en el macroproyecto de Francisco Hernando "El Pocero", según hace constar el Tribunal de Cuentas en su informe de fiscalización sobre el caso ‘Seseña’. Se recalificaron casi 2 millones de metros cuadrados de suelo y la mitad de las urbanizaciones aprobadas carecían del informe previo "de la consejería competente" (gobierno autonómico), que no lo hacía o lo emitía fuera de plazo...
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