La determinación del Ayuntamiento de Benidorm de cobrarle el IBI a aquellos edificios de la Iglesia que no están destinados a objeto de culto es añeja. Comenzó en un año tan lejano como 1988, cuando gobernaba el PSOE del alcalde Manuel Catalán Chana. Y se prolongó durante los 18 años de mandato de sucesivos ejecutivos del PP -Eduardo Zaplana, Vicente Pérez Devesa y Manuel Pérez Fenoll- hasta llegar a los actuales gabinetes del socialista Agustín Navarro. Relacionada:
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