La estrategia de reclutamiento de rastreadores del Gobierno de la Comunidad de Madrid salta de problema en problema. Si el primer motivo de polémica fue la decisión del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso de recurrir a una empresa sanitaria privada, Quirón, para gestionar la puesta a disposición de operarios para esta tarea a cambio de 200.000 euros después de haber racaneado en la incorporación de rastreadores durante semanas, la controversia ha surgido ahora por su maniobra de requerir también a las mutuas de accidentes de trabajo.
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