La decisión del tribunal se produce después de que Anticorrupción recurriera la decisión del magistrado de desestimar las nuevas diligencias solicitados, que consistían en solicitar tanto al Ministerio del Interior como a la Comunidad de Madrid varios contratos relacionados con el escrutinio provisional de resultados y su difusión en las elecciones locales y autonómicas madrileñas de 2007, 2011 y 2015.
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