Dos funcionarios de la Consejería de Sanidad en Madrid reconocen a la Guardia Civil que la administración autonómica escogió el método más arbitrario y gravoso para las arcas públicas en los contratos de publicidad del plan de infraestructuras sanitarias 2004-2007, con los que supuestamente se financió de forma irregular al PP. La justicia sostiene que el 1% de la construcción de 8 hospitales y 57 centros de salud de aquel plan, cerca de 23 millones de euros públicos, sirvió en parte para pagar campañas del PP
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