Andalucía cuando ejerció como sujeto político cambió radicalmente el proyecto de distribución territorial del poder en España impidiendo que se impusiese un sistema desigual: máxima autonomía para Cataluña, País Vasco y Galicia, que eran consideradas comunidades históricas por haber aprobado sus estatutos de autonomía en el II República, y centralismo para el resto. Con la eclosión del 28F Andalucía transformó esta dinámica en una dinámica federalizante en la que las singularidades eran compatibles con la igualdad.
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