El ayuntamiento que gobernaba manipuló un concurso público para que un grupo empresarial lo ganase. En cada contrato se incluyó una cláusula que permitía aumentar el presupuesto inicial, que en ocasiones pasó de 30.000 a 100.000 euros. Hubo ocasiones en las que el consistorio ni siquiera firmó un contrato y pagó a las empresas sin realizar ningún trámite legal.
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