Varias sentencias de juzgados de lo social han declarado improcedentes los despidos de ocho empleados de empresas públicas de la Generalidad, acordados entre los pasados meses de abril y julio, en el marco de los primeros ajustes presupuestarios impuestos por el gobierno catalán. Esto tiene como consecuencia que en vez de una indemnización de 20 días por año trabajo, a los trabajadores se les deben de satisfacer 45 días.
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