El pasado mes de noviembre, entró en vigor el Real Decreto que permite a los becarios remunerados cotizar a la Seguridad Social. Según estimaciones, en la actualidad hay unas 30.000 personas en esta situación en el conjunto de las universidades, fundaciones y otros organismos que conceden ayudas a la formación. Además, gracias a esta medida, se prevé que la Seguridad Social obtendrá 18 millones de euros al año. Pero ¿realmente han sido informadas las personas afectadas?
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