Era septiembre de 2011, apenas dos meses antes de las elecciones que auparon a Mariano Rajoy a La Moncloa, cuando PSOE y PP llegaban a un polémico acuerdo para reformar de modo ‘exprés’ el Artículo 135 de la Constitución Española. El objetivo, dotar a la Carta Magna de un principio de estabilidad financiera en un momento en que España era analizada con lupa por los mercados y se hablaba de un rescate. Ocho años después, sin embargo, está a punto de entrar en vigor un punto clave de esta normativa que impide a las administraciones públicas a inc
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