El goteo de grandes operativos contra el narcotráfico ha sido constante en Galicia desde el final de la pandemia, y especialmente en los últimos meses, con narcosubmarinos, organizaciones criminales, alijos e incluso un laboratorio de síntesis asentado en la provincia de Pontevedra. Organizaciones como la Fundación contra o Narcotráfico alertan de que entra "más droga que nunca" en la comunidad.

¿Y qué es lo que pasa con Sandra? Sandra lleva cinco años con un proceso judicial abierto por un delito del que no existen pruebas. Muy resumidamente os contamos lo que pasó.

El proceso judicial sobre el asesinato de Gustau estuvo plagado de irregularidades, la bala que lo mató desapareció, así como la camisa que llevaba el joven en el momento de su muerte, la audiencia nacional se inhibió de la causa.

Una serie de investigaciones, denuncias y hasta 16 procesos judiciales civiles y penales ya en curso esperan al expresidente Jair Bolsonaro cuando regrese a Brasil. Las acusaciones en su contra serán un contrapeso en su intención de volver a postularse a un cargo político, especialmente a la presidencia; sin embargo, son escasas las posibilidades de que termine en prisión.

Las dos partes han de pagarse costes mutuos en centenares de miles de euros, mientras la totalidad del proceso se calcula en entre cuatro y cinco millones. El litigio en Londres cumple dos años con la conclusión de la inmunidad a las alegaciones hasta 2014.

Isabel Díaz Ayuso colecciona polémicas y choques con Pedro Sánchez. También en los tribunales. La Comunidad de Madrid ha abierto hasta ocho procedimientos judiciales contra el Gobierno central en los dos últimos años, con la pandemia como punto de inflexión, con recursos que abarcan desde los cierres decretados por el Ministerio de Sanidad durante la pandemia a los precios públicos universitarios. Una ofensiva con resultados dispares que esta semana sumó un nuevo frente a cuenta de los currículos de Bachillerato, ya admitida a trámite

La Audiencia Nacional archiva la causa tras retirar la petición de disolución la Fiscalía y el Ministerio del Interior al haber adecuado la formación sus estatutos a la Ley de Partidos.

Con la espada de Damocles sobre sus tejados tras la última sentencia del Tribunal Supremo que obliga al derribo total de todo lo construido en Marina Isla de Valdecañas, el foco mediático ha cesado sobre el complejo cacereño dos semanas después de que se conocieran los detalles del fallo. Las partes en conflicto siguen pendientes de presentar los recursos anunciados, ya que aún hay plazo para hacerlo. Pero al margen de los siguientes pasos judiciales, sigue en el aire un debate. ¿Habrá indemnizaciones para la promotora y los propietarios?

Se convirtió gracias al cine en la casa encantada más famosa del mundo, pero el libro ‘El caso Amityville’ señala irregularidades e incongruencias del proceso judicial en torno a una de las matanzas más célebres de EE UU: no hubo espíritus, pero sí mafia, drogas y violencia doméstica.

El organismo no investigó si Sundquist y el coautor del artículo, el profesor Ardavan Khoshnood, recibieron "licencia ética" para manejar "datos confidenciales" sobre el origen étnico de los criminales acusados de violación en el país. Curiosamente, el objetivo del estudio no era apuntar a ningún grupo o comunidad, sino descubrir denominadores comunes como problemas de salud, situación social y laboral entre los perpetradores. Los resultados fueron, según Khoshnood, también sorprendentes para el equipo.

La jurisprudencia, tanto española como europea, ha salvado a los investigadores académicos de la tesitura de volver a estar bajo la censura previa en materia de estudios sobre la represión franquista. La batalla jurídica entre la Universitat d'Alacant (UA) y el hijo de Antonio Luis Baena Tocón, implicado en el consejo de guerra que condenó a muerte al poeta Miguel Hernández, se ha saldado con un claro aval a la investigación científica y a la libertad de expresión.

Nuevo episodio en el 'Caso Fuenlabrada'. El presidente de la Liga, Javier Tebas, ha sido imputado y acudirá a declarar ante la jueza María Dolores por un supuesto delito de apropiación indebida y otro en el 'Caso Fuenlabrada' por estar vinculado con la compra del equipo madrileño por parte de Jonathan Praena. Además, podría verse ampliada dicha demanda a más delitos como administración desleal y asociación criminal. Dichas declaraciones deberían haberse dado en el pasado mes de enero, pero dada la tercera ola de la pandemia del Coronavirus...

Este trabajo tiene por objeto el análisis de las reglas sobre la valoración de la prueba de indicios fijadas por la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Segunda, n.o 532/2019, de 4 de noviembre. En esa importante resolución, la Sala de lo Penal recopila sus criterios sobre la valoración de prueba e incorpora algunos novedosos. No obstante, varios de esos principios recogidos por la sentencia son muy discutibles, de forma que el artículo aborda de forma crítica su corrección epistemológica.

Poco después de que Zoltán Andruskó, uno de los acusados por el asesinato del periodista Ján Kuciak y su prometida, firmase un acuerdo con la fiscalía en octubre, proporcionó testimonio sobre la presunta corrupción de dos ministros. [...] Andruskó describió una estrategia para obtener trabajo y permisos de residencia para extranjeros, implicando a una agencia de empleo situada en Kolárovo (Nitra). "Las acusaciones de un acusado de asesinato, obviamente dispuesto a mentir [...] para reducir su sentencia son absolutamente falsas" dijo Stromcek

Esta mujer descubrió todo lo que hay en la mente de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera

El dirigente de IU ha señalado que es de "sentido común" clarificar lo sucedido el año pasado con la escalada separatista en Cataluña. "La violencia no se ve en ninguna parte", ha asegurado, rechazando que se impute a los líderes catalanes el delito de rebelión. Por todo ello, Garzón apuesta por que Ejecutivo socialista inste a a la Abogacia del Estado a actuar en el proceso judicial con el fin de "destensar". "Que pudiera instar a la Abogacia del Estado, que podría hablar y tomar alguna decisión, sería un gesto positivo", ha subrayado.

Una madre en Belfast, en Irlanda del Norte, se enfrenta a un proceso judicial que busca condenarla por haber dado píldoras abortivas ilegales a su hija cuando quedó embarazada a los 15 años. La madre de la joven está siendo acusada de procurar y suministrar veneno con la intención de provocar un aborto espontáneo en julio de 2013. Este caso es uno de los primeros de este tipo y abre el debate sobre la ley del aborto en esta parte del Reino Unido, una de las más restrictivas de Europa.

Aquel 12 de abril de 2014 Isabel L. pensó que ponía un punto y final a más de tres años de malos tratos y sufrimiento. Ese día, tras una brutal paliza, finalmente reunió las fuerzas suficientes para entrar en su casa, cerrar la puerta y llamar al 016. Esta vez sí. No era la primera agresión, pero sí la más grave. Tal como relata ella y se recoge en una sentencia, las intimidaciones, vejaciones, insultos, agresiones y amenazas fueron constantes durante un período de tres años. Incluso estando embarazada de la hija en común.

Este artículo de Manuel Sebastián Carrasco explora la efectividad del potencial P300 como prueba incriminatoria en procesos judiciales. En los últimos años parece que se acepta el resultado del análisis de este procedimiento como evidencia de culpabilidad o inocencia. Sin embargo, hay mucho más, dado que la prueba presenta multitud de limitaciones que cuestionan su validez en este contexto.

"El hecho de iniciar un proceso judicial contra la Sra. Forcadell i Lluís meramente por haber autorizado dicho debate nos parece un claro incumplimiento de la libertad de expresión, un derecho fundamental incluido y protegido, entre otros, en los artículos 9 y 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Presentar querella a la Presidenta de una cámara escogida democráticamente, no tan sólo es un hecho sin precedentes en la historia moderna posterior a 1945 de la Europa Occidental, sino que también es contrario a los principios democráticos."

Miles de personas se han concentrado esta mañana en Barcelona en contra de la respuesta de la Justicia a los actos de desobediencia vinculados al proceso independentista catalán.

La fundación Faes, cuyo presidente es el expresidente José María Aznar, ha dado su visto bueno al acuerdo de renovación del Consejo General del Poder Judicial entre PP y PSOE. Para el grupo, la renovación del órgano judicial era “perenotoria” después de cinco años de “prórroga” y señalan al Gobierno por este bloqueo: “Lo dificultaba la negativa del Gobierno a comprometer, simultáneamente, modificaciones legislativas que garantizasen la conformidad con los estándares europeos del procedimiento de designación de vocales del Consejo”.

Se trata de la nueva sustancia psicoactiva detectada este mes por Energy Control en un festival en Barcelona. Se intentó comercializar como MDMA y con un particular diseño.

El órgano de gobierno de los jueces sale del bloqueo tras más de cinco años con el mandato caducado

Las organizaciones detrás del llamado Juicio por el Clima —Ecologistas en Acción, Greenpeace, Oxfam Intermón, Fridays For Future y la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo— han presentado ante el Tribunal Constitucional una demanda contra el Estado español por inacción climática. Con ello, el movimiento por el clima español usa el último cartucho judicial estatal para que la demanda, que fue desestimada por el Tribunal Supremo en junio de 2023, sea aceptada.

Así consta en el acuerdo adoptado, recogido por Europa Press, en el que la Sala de Gobierno insiste en que el bloqueo a la renovación del órgano de gobierno de los jueces se traduce en un “menoscabo del derecho de de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva por el mayor tiempo requerido para resolver sus recursos y por la degradación de instituciones esenciales para la garantía de sus derechos e intereses”.

Entre la información a la que supuestamente tuvo acceso Prado, se alude a teléfonos intervenidos de cargos populares, a la imputación por fraude fiscal de Conde Roa, e incluso de una comida con varios magistrados en la que participaría el abogado y a que éste conocería por esta vía la existencia de las fotografías del presidente, Alberto Núñez Feijóo, con el contrabandista Marcial Dorado, antes de su publicación.

El Estado español tiene un grave problema de violencia policial e institucional: lo llevan denunciando años colectivos ciudadanos, organizaciones de Derechos Humanos y organismos internacionales. La represión de manifestantes pacíficos en contextos de protesta lleva años en aumento, especialmente desde que está vigente la ley de Seguridad Ciudadana, la conocida como Ley Mordaza. Desde el movimiento de derechos humanos hace años que se trabaja en propuestas para poner fin a la impunidad de la violencia policial. Ahora, organizados en una mesa

El gobierno de Brasil está contratando a OpenAI para agilizar la selección y el análisis de miles de demandas utilizando inteligencia artificial (IA), tratando de evitar costosas pérdidas judiciales que han pesado en el presupuesto federal. El servicio de IA señalará al gobierno la necesidad de actuar en demandas antes de las decisiones finales, mapeando tendencias y posibles áreas de acción para la oficina del procurador general (AGU).

Gobernando el PP en 2001 a estos jueces conservadores les parecía intolerable que el CGPJ llevase 2 MESES sin renovar.