Los agentes relatan en su primer informe cómo las ocho infraestructuras ilegales (con más de 30 metros de profundidad) estaban en ubicaciones que dificultaban su localización incluso con imágenes aéreas, y que cuando fueron a sellarlas no se les permitió el acceso a la finca
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Finalmente, estas extracciones sin permiso fueron clausuradas, aunque meses después el juez del caso decidió levantar estas medidas cautelares. Transcurrido medio año, y en una nueva inspección por sorpresa, se descubrió que volvían a funcionar pese a la advertencia de no utilizarlas, lo que el pasado diciembre llevó de nuevo a dejarlas fuera de servicio, esta vez por orden de la la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG). La Guardia Civil señala que este bombeo ilegal de agua ha provocado un daño ambiental que cifra en seis millones de euros y que puede ser irreversible .
Se creen que están por encima de la ley.
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"Todo por España" es el lema, cuando lo que hacen y pretenden es saquearla
esclavostrabajadores.