Una vez completados los pasos formales de la adopción, los Estados miembro tendrán dos años para incorporar las disposiciones de la directiva a su legislación nacional

La Eurocámara, la Comisión y el Consejo, a instancias del ministerio de Yolanda Díaz, logran un principio de acuerdo que ahora tendrá que ser ratificado tanto por los eurodiputados como por los gobiernos, que tenían una posición conjunta más descafeinada que la de España

En agosto va hacer dos años que se aplicó la Ley Rider, que busca la mejora laboral de unos trabajadores que han estado sometidos a unos ‘abusos laborales’ sin apoyo de empresas, solo de los Sindicatos. Hay empresas como Glovo y Uber Eats que, con sus continuas actuaciones en España, rozan la línea de la legalidad, a diferencia de Just Eat quién sigue todas las pautas de manera legal y como bien dice la ley.

Los ministros de Trabajo de los 27 han respaldado este lunes en Luxemburgo la elaboración de una directiva para dar unas condiciones laborales positivas a los repartidores, lo que se conoce entonces como una 'ley rider' europea. España, de todos modos, se queda fuera de este consenso porque la considera insuficiente. "Está fuera del sentido común", ha asegurado tras la reunión la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, al mismo tiempo que anunció su abstención respecto a la norma.

Las compañías del sector piden que la nueva regulación no acabe con el modelo de autónomos, ya que se perdería la flexibilidad que los trabajadores tanto valoran. Pero la norma europea en realidad busca acabar con la figura de los falsos autónomos en el sector, no con el modelo de autónomos.

La compañía Glovo no sale de la polémica, pero además sus continuas actuaciones en España, que rozan la línea de la legalidad, ya le han costado un gran número de sanciones. En concreto, estas sanciones ya suponen un tercio de las ganancias de la compañía. Además de que el negocio de Glovo en España empieza a lastrar a la matriz alemana de la empresa.

El juzgado 14 de Madrid ha condenado a Amazon por emplear a 2.166 personas como falsas autónomas cuando en realidad existía entre la empresa y estos repartidores una relación laboral, como acredita la sentencia, la primera que sufre Amazon por este modelo laboral, llamado Amazon Flex, donde los repartidores son obligados a trabajar con su propio vehículo para repartir paquetes utilizando una aplicación de la compañía que les indica la forma de trabajar.

No solo Riders, sino todos los trabajadores digitales. Un aspecto principal del acuerdo es que la regulación europea no es solo para repartidores. Hablamos de "Ley Rider europea", pero va mucho más allá. La ley regulará la figura de repartidores, conductores de VTC pero también de mensajeros, limpiadores y el resto de trabajadores que tengan una relación con empresas digitales de la llamada "economía colaborativa".

Junto a España, han rechazado la propuesta Alemania, Bélgica, Eslovenia, Grecia, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Portugal y Rumanía. Una negativa que, según fuentes diplomáticas belgas, "no va a cambiar", ya que consideran que el texto no es suficientemente ambicioso ni protector. Una posición "firme" que ya ha defendido este jueves en Bruselas la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a la hora de exigir que el elemento central de la directiva sea la correcta clasificación de las personas que trabajan en las plataformas.

Las circunstancias del mercado siguen pesando demasiado sobre las compañías de delivery. Las Glovo, Deliveroo o Just Eat, entre muchas otras, han sucumbido a la presión que el escenario financiero actual está ejerciendo. Las dudas que anidaron hace un tiempo sobre el modelo de negocio de las delivery se han extrapolado al parqué bursátil. Pese a que ninguna de las compañías mencionadas cotiza en el mercado de valores español, tres de las más grandes sí lo hacen en distintas Bolsas internacionales.

El supermercado 'online' Lola Market, propiedad de Glovo, cesa sus operaciones en España Lola Market, plataforma para la realización de la compra de alimentación 'online' de supermercados y mercados, dejará de operar en España a partir de este sábado 5 de noviembre. En concreto, la plataforma, que fue adquirida en septiembre de 2021 por Glovo, ha informado a sus clientes de que cerrará sus operaciones en España. "Nos entristece profundamente informarle de que Lola Market cerrará sus operaciones y ya no podremos seguir entregándole sus pedidos

Yolanda Díaz ha anunciado que requerirá al Ministerio Público que investigue por lo penal a las compañías insumisas, entre las que destaca Glovo y se acaba de sumar Uber Eats, que usan repartidores autónomos pese a la nueva norma

La ley sobre agentes extranjeros en Georgia entró en vigor el 1 de agosto, exigiendo que organizaciones sin ánimo de lucro y medios financiados en más del 20% desde el extranjero se registren. Las sanciones por incumplimiento incluyen multas de 25,000 GEL [aprox. 8500 €]. La ley ha provocado protestas masivas y condenas de EEUU y la UE, que advierten sobre la restricción de libertades democráticas. EEUU ha impuesto sanciones y suspendido 95 millones de dólares en ayuda, mientras que la UE ha congelado el proceso de integración de Georgia.

El anteproyecto, ya en manos de los grupos parlamentarios, propone un decálogo de actuaciones para revertir este problema estructural en la comunidad

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, prepara el último golpe para ejercer su control sobre la radio y televisión públicas de Galicia, inmersas durante años en polémicas por las denuncias de manipulación y control sobre el ejercicio profesional de los trabajadores que trabajan en ambas empresas públicas. Rueda ha decidido dar el paso al que Feijóo nunca se atrevió y propondrá al Parlamento una reforma legal que le dota de poder absoluto para nombrar por mayoría simple al nuevo director general de la corporación.

La patronal del comercio minorista y mayorista en la UE, EuroCommerce, se sumó este jueves a las peticiones para que la Unión Europea retrase su nueva ley contra la deforestación, que afectará a productos como el vacuno, la soja, la madera o el cacao y cuya entrada en vigor está prevista para el próximo año.

No hay justificación alguna para lo que ha sucedido en el Congreso con la reforma de la ley de Extranjería. Lo pueden pintar del color que les apetezca, pero no es más que racismo puro y duro. Para entendernos, hay mucha gente a la que le parece mal que vengan negros a España. Incluso el líder de la oposición, desde la moderación y el centrismo, vinculó alegremente esta semana la inmigración con las agresiones a homosexuales, mujeres y, se desprende de sus palabras, con la inseguridad en nuestras propias casas.

El artículo 412 no tiene ningún punto 2.12 y el 413 sólo tiene dos párrafos y no 12. No lo digo yo. Lo dice el conocido "sanchista" Pedro Jota Ramírez.

En los últimos cuatro años el porcentaje de mujeres que han agredido sexualmente con penetración a otras mujeres y niñas (y puede que a algún niño u hombre) se ha incrementado en un 700%. La opinión pública tiene derecho a saber si esas 174 “mujeres” violadoras han usado su pene para violar o por el contrario tales actos obedecen a una repentina oleada de violencia sexual femenina, de la cual habría que averiguar las causas. No vaya a ser que al final, como siempre, las mujeres estemos cargando con culpas que no nos corresponden.

El PP no apoyará la reforma de la Ley de Extranjería que el Gobierno lleva este martes al Congreso. El partido de Alberto Núñez Feijóo insistió en los últimos días en sus condiciones para cambiar de posición -la mayoría de las CCAA del PP eran muy reacias- y tras un intercambio de mensajes entre el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y el portavoz parlamentario, Miguel Tellado, fuentes de Génova reconocen que el texto no cumple con sus exigencias. La puerta, ahora sí, parece cerrada definitivamente.

El exdiputado regional, ahora en el ministerio de Mónica García, defiende que Los Verdes apoyen a Von der Leyen