se contemplan evaluaciones anuales obligatorias a los funcionarios. En ellas, se valorará la conducta profesional del empleado y se medirá el rendimiento y los resultados. No obstante, la norma prevé un periodo de carencia de dos años tras la puesta en marcha de esta medida en la que estos exámenes no tendrán efectos. Estas evaluaciones son importantes, porque de ellas dependen cuestiones cruciales como el progreso en la carrera profesional, el nuevo complemento por desempeño o la propia continuidad en el puesto de trabajo.
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