El sistema español de despido improcedente ha quedado en entredicho. El Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) ha dado la razón a UGT en una reclamación presentada en 2022 y ha resuelto que la legislación de España es contraria a la Carta Social Europea. Un tratado suscrito por el Gobierno en 2021 de obligado cumplimiento para quienes lo firman, pero que no está del todo claro que sea vinculante para el Gobierno y los jueces.
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