La ocultación de información o documentación mediante su clasificación como secreta debe ser una excepción en cualquier democracia; y, como tal, tanto la normativa reguladora como su aplicación deben ser muy restrictivas. El grave problema que se genera es que la ocultación de dicha información durante años afecta a derechos fundamentales de las personas; en concreto, al derecho a la libertad de expresión y a comunicar o recibir libremente información veraz, reconocidos en la Constitución española.

El anteproyecto de ley de Información Clasificada esconde una 'trampa' que el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, olvidó comentar en su presentación: su régimen sancionador. Las multas pueden alcanzar 3 millones de euros y sería la enésima 'ley mordaza' en España. Los informantes que se atrevan a desvelar prácticas corruptas en las Administraciones Públicas lo van a tener un poco más difícil.También puede afectar a periodistas que difundan "por cualquier medio" dicha información, según este anteproyecto.

El presidente del Gobierno ha anunciado estos cambios en el marco de su comparecencia en el Congreso por el espionaje a dirigentes y activistas independentistas y a la propia cúpula del Ejecutivo.

Episodios de la historia de España como el 23F o la salida del Sáhara, la venta de armas a otros países o los viajes del presidente del Gobierno son algunos de los asuntos que siguen clasificados.

Dos muertes en Erandio (Bizkaia) a manos de la policía armada en 1969 y otras cuatro en el atentado parapolicial en la localidad vizcaína de Alonsotegi en 1980 siguen envueltas en la impunidad, vetados sus expedientes en virtud de la Ley de Secretos Oficiales, pese al clamor de los familiares. Son algunos de los crímenes

El Ejecutivo ha incorporado al Plan Anual Normativo 2022 la articulación de una ley de Información Clasificada después de bloquearla sine die en la Mesa del Congreso pese a que cuenta con el visto bueno de la Cámara. Defensa maniobró para bloquear en la Mesa del Congreso la propuesta del PNV y Sánchez la borró del calendario legislativo 2021.

Arancha González Laya ha declarado esta mañana en calidad de investigada. "Todo se ha hecho conforme a la ley", ha dicho. La ex ministra ha esquivado algunas preguntas del instructor amparándose en que muchas de las cuestiones por las que le preguntaba eran de carácter secreto.

Al amparo de la Ley de Transparencia, lamarea.com solicitó a Defensa los expedientes por diferentes comportamientos fascistas dentro de las Fuerzas Armadas. Al ritmo de un himno de la División Azul y dentro de un recinto militar en Paracuellos del Jarama, varios militares vestidos de calle hacían el saludo nazi durante la festividad de la Inmaculada Concepción, patrona de las tropas de Infantería, en 2019. Un año después, y después de que lamarea.com lo desvelara, el Ministerio de Defensa sancionó a tres militares por una falta leve.

España tiene una Ley de Secretos Oficiales opaca, poco garantista, parida en 1968, en pleno franquismo. Un lastre para la democracia plena. Hablamos de un asunto que no determina el voto de nadie, que no protagoniza encendidos debates políticos y que, sin embargo, es troncal para determinar la transparencia de un estado y la salud de su Gobierno. Amnistía Internacional acaba de lanzar una campaña en la que defiende que la reforma de esta norma es “improrrogable”,

El Gobierno ha decidido poner en marcha su propia reforma de Ley de Secretos Oficiales, del periodo franquista, tras descartar la propuesta del PNV, que el PP y el PSOE han bloqueado en el Congreso de los Diputados desde noviembre de 2016. La idea del Ejecutivo es que no haya un límite general de tiempo para hacer públicos automáticamente los documentos (25 o diez años en la propuesta del PNV), sino plazos diferentes sujetos a cautelas según el grado de protección y el nivel de secreto.

La lista de asuntos clasificados como materia secreta y materia reservada en España es larga y secreta. Desde 1968, cuando se aprobó la vigente Ley de Secretos Oficiales, se han clasificado innumerables cuestiones con el objetivo de apartarlas del conocimiento público, presumiblemente en aras de salvaguardar la seguridad nacional, pero no siempre en así. No existe ni control judicial ni control parlamentario, ni mucho menos, control periodístico, sobre las materias secretas, ni siquiera se conoce ni el número ni la identidad de esos secretos.

El Gobierno se escuda para no dar la información a Vox en la Ley de Secretos Oficiales y en una resolución de la Audiencia Nacional

Hay resistencia desde algunos sectores a que ciertas informaciones, protegidas aún por una ley franquista, sean reveladas. ¿Quizá porque podría quebrar falsos pilares con los que se han construido los pesos y contrapesos del poder? Existe una cultura de la impunidad que ha perpetuado la vigencia de una ley obsoleta procedente del franquismo: la de Secretos Oficiales, de 1968, modificada parcialmente en 1978, que hace de España una anomalía en su entorno europeo, porque limita notablemente el derecho de acceso a la información.

La ausencia de control parlamentario a las exportaciones de armamento español, que pueden ser autorizadas por el Gobierno sin que se conozca más detalle, se salta la legalidad nacional e internacional. La Ley de Secretos Oficiales, aprobada en pleno franquismo y hoy vigente, permite la opacidad total en el comercio bélico.

El Gobierno, durante la última legislatura y con Pedro Sánchez en La Moncloa, utilizó de manera ilegal el secreto oficial para ocultar información a la ciudadanía. Si el Ejecutivo quiere velar un dato, debe servirse de la Ley de Secretos Oficiales, que data del año 1968, y que detalla los requisitos para llevar adelante el procedimiento. El factor clave del trámite es que el Consejo de Ministros rubrique un acuerdo por cada expediente que Presidencia quiera ocultar. Entre enero de 2018 y noviembre de 2019, el gabinete de Sánchez nunca cumplió..

El Congreso, a iniciativa del PNV, quiere reformar la Ley de Secretos Oficiales que data de 1968 que de aprobarse cambiaría en profundidad la norma. La Mesa del Congreso acordó ayer martes no volver a prorrogar el plazo de enmiendas al articulado de la proposición de reforma planteada por el PNV que defiende desclasificar en veinticinco años los documentos calificados como secretos y en diez los reservados. El PP y el PSOE han presentado más de cuarenta enmiendas a la propuesta de reforma

La ley franquista de secretos oficiales pervive sin límites temporales en los archivos de toda España y la actualización de esta ley,aprobada por el Congreso,permanece aparcada.La Ley de Patrimonio impide consultar la ficha de los agentes hasta 25 años después de su muerte.Las materias clasificadas afectan a casos de los últimos años del franquismo, la Transición y el golpe del 23-F.Expedientes de secuestro de los Grapo como el caso Oriol y Villaescusa son algunos de los documentos ocultos a investigadores.Sus datos salpican directamente a..

El PNV presentará una proposición de ley para cambiar la ley de secretos oficiales, heredada del franquismo.

El PP ha impedido este martes en el Congreso, donde cuenta con mayoría absoluta, que saliera adelante una iniciativa destinada a abrir los archivos históricos de los Ministerios de Exteriores y Defensa a los investigadores.

La respuesta no es sencilla ni unívoca puesto que existen interpretaciones judiciales diversas de la ley trans, como explican a EFE magistradas expertas en violencia de género.

Buscar aparcamiento en zonas concurridas o céntricas puede convertirse en tarea imposible o realmente complicada. Sin embargo, ante este desafío algunos utilizan el truco de "guardar" de pie la plaza para un conductor y negar el aparcamiento a otros vehículo. La Ley Seguridad Vial recoge que el peatón debe respetar toda señal de tráfico y no puede permanecer detenido en la calzada ni el arcén si existe otro lugar adecuado para ello, por lo que el acto de ocupar el espacio de una plaza de aparcamiento choca con la norma y puede acarrear multa.

Recolectar partes del cadáver de un animal marino protegido, si aún tiene “tejido suave”, contraviene una ley federal. La hija de Kennedy relata en un artículo de 2012 que él cortó con una motosierra la cabeza de una ballena muerta en la playa de Massachusetts, la ató al techo de su vehículo y la llevo 5 horas a Nueva York. No solo contravino la Ley de Protección de Mamíferos Marinos (1972) y la Ley de Especies en Peligro de Extinción (1973); quizá también la Ley Lacey (1900), que prohíbe trasportar fauna recolectada ilegalmente entre estados.

El precio del alquiler sube un 8,6% interanual en julio frente al 3,4% del mismo mes de 2023. Es el segundo incremento más alto en los últimos 12 meses, según Fotocasa.

El equipo de campaña confirmó que, tras abandonar la contienda, el excandidato independiente perdió la protección asignada a los principales aspirantes a la presidencia.

Australia aplica desde hoy, siguiendo los pasos de países como Francia y España, la Ley del Derecho a Desconectarse: quienes laboren en empresas con 15 o más empleados podrán negarse a responder, o estar pendientes, de emails o llamadas telefónicas de jefes, o personas vinculadas, fuera de su horario laboral. En caso de incumplimiento un empresario puede afrontar multa de 18.780 $ australianos (12.742 US$), y una compañía hasta 93.900 (63.729 US$). Las disputas deberán ser resueltas por las partes antes derivarse a la Comisión de Empleo Justo.

En muchas ocasiones el obstáculo para condenar un delito de odio radica en la falta de precisión jurídica para distinguir mensajes xenófobos y racistas del ejercicio de la libertad de expresión. El colapso de la justicia española entorpece más aún resolver esta situación.

Este fallo judicial expone una realidad perturbadora: las leyes actuales son insuficientes para proteger a los ciudadanos de los pequeños delitos que, acumulados, generan un gran impacto social y económico. No es la primera vez que vemos a delincuentes reincidentes burlarse de la justicia, beneficiándose de un sistema legal que, en su afán de proteger los derechos individuales, termina protegiendo más a los agresores que a las víctimas. Permitir que estos presuntos delincuentes sigan en libertad envía un mensaje nefasto