Partido Popular y Vox han tumbado este jueves en el Pleno de la Asamblea de Madrid una proposición de ley de Más Madrid que, entre otras cuestiones, contemplaba la protección a los denunciantes de corrupción. La norma, defendida por el diputado regional Alberto Oliver, debía pasar el primer trámite parlamentario con la toma en consideración de la misma, pero los votos en contra del PP y la abstención de la formación de extrema derecha lo han impedido. La proposición de ley plantea la creación de una Agencia Madrileña contra el Fraude y la…

Los sindicatos y plataformas de plantillas públicas temporales denuncian que el proyecto de Ley de Medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público sigue sin transponer la Directiva 1999/70/CE y no cumple las sentencias del TJSE. En la convocatoria de la protesta se denunciará el incumplimiento de la Ley por parte de las administraciones españolas, “que sancionan la contratación temporal abusiva en la empresa privada, pero llevan décadas aplicándola sin ningún rubor al cubrir plazas estructurales con contratos temporal

Desde 2018, los jueces han dictado alrededor de 150 sentencias que concluyen que se trataba de contratos en fraude de ley, y han condenado al Ayuntamiento a readmitir como indefinidos a los trabajadores o indemnizarles por su despido como si lo fueran. De esta forma, personal que entraba para unos meses a través de una bolsa ha acabado logrando un puesto para toda la vida. “Aquí se entra por sentencia”, explicaba en su día Daniel Pérez García, secretario de la sección sindical de CGT y miembro del comité de empresa en el Ayuntamiento.

El BOE de hoy recoge un Decreto ley que modifica el Estatuto del Empleado Público para limitar el tiempo que pueden estar contratados los interinos e intentar, a su vez, regularizar los miles de puestos cubiertos en la actualidad con esa figura.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) lo ha vuelto a hacer. Ha vuelto a dejar claro que la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo, no es conforme con el Derecho de la Unión Europea, ni con la propia jurisprudencia del TJUE. Los Magistrados del Tribunal Supremo se saltan la Ley. Hacen caso omiso de la primacía del Derecho de la Unión y también del Art. 4 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). Con completa impunidad.

Ana Oramas, instó este miércoles al ministro de Función Pública, Míquel Iceta, a “indultar” a los cientos de miles de trabajadores públicos en fraude de ley por abuso de temporalidad. La diputada nacionalista reivindicó la necesidad de “devolver la dignidad laboral a quienes están sometidos a un permanente fraude en sus contrataciones, garantizando así que las administraciones tienen suficientes recursos humanos y que sus puestos de trabajo no dependen del capricho del político de turno”. “Va a hacer el mayor ERE de la historia de España”.

El sometimiento al imperio de la ley implica que los jueces no puedan sin más, no aplicar una norma cuando consideren, significa sometimiento al ordenamiento jurídico, significa sometimiento al derecho de la Unión Europea.

No se puede perder de vista que la Junta Electoral que intentó validar el fraude electoral sigue siendo la encargada de vigilar todo el proceso. ¿Qué garantía ofrece un órgano que se ha saltado a la torera el principio de legalidad y ha puesto de manifiesto su falta de imparcialidad?

Opinión de un Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo con respecto al requisito de publicidad de la convocatoria de elecciones, según la cual "la presidenta tendría que esperar, en su caso, a que se votaran y fracasaran las mociones de censura registradas para poder disolver válidamente la Asamblea."

Entre las discrepancias entre ambas formaciones está la creación de un cuerpo superior de técnicos de Hacienda, que implicaría aumentar la responsabilidad en materia de prevención y lucha contra el fraude de los técnicos de Hacienda. Este cuerpo es mayoritario en este departamento y hasta ahora únicamente puede investigar a particulares, autónomos y a la mitad inferior del tramo de las pequeñas empresas.

Una representación de trabajadores temporales de las Administraciones Públicas se ha concentrado este jueves a las puertas de la Delegación del Gobierno en Baleares para censurar «el abuso de la temporalidad» que sufren y exigir «una solución global y justa para regularizar la situación» de estos contratos «en fraude de ley». Rel.: menea.me/21rqw

El portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Pablo Gómez Perpinyà, pidió este jueves al Gobierno de España y al de la Comunidad de Madrid que "pongan fin al abuso de la temporalidad" de los trabajadores interinos, durante su participación en la concentración de trabajadores temporales públicos frente a la Delegación de Gobierno.

Plataformas de interinos han convocado concentraciones este jueves en unas "40 ciudades" para exigir al Ejecutivo que, en caso de fraude en la temporalidad, los trabajadores sean convertidos en fijos sin tener que superar una nueva oposición o concurso, una opción que han respaldado pocos tribunales de instancias inferiores, pero no el Supremo

Denuncian que en la administración autonómica más de 17.000 interinos (2 de cada 3) se encuentran en fraude de ley

Hemos acompañado a nuestros interinos públicos en su protesta contra la temporalidad y la precariedad. Reclamamos que se cumpla la ley y se ofrezcan plazas fijas.

La situación de precariedad laboral que sufre gran parte del colectivo, tanto del Servicio de Bomber@s Forestales como el propio personal de la SGISE. En consecuencia, el futuro de más de 300 personas pende de un hilo, puesto que se nos mantiene en una situación de FRAUDE DE LEY con contratos temporales -algunos con una duración superior a los 10 años- cuando ya hemos cumplido los requisitos para estabilizar las plazas en cuestión. @BbffDe, @BBFF_CCOO-PV, @GVAsgise, @UBEBombers, @brighelitransCV. hospederia.net/bbff-gva-en-fraude-de-ley

La sentencia reconoce la fijeza a los trabajadores, que accedieron a sus puestos mediante entrevistas, bolsas de empleo y concursos, ya que considera que es la medida más adecuada para sancionar y prevenir el abuso de los temporales en la Administración Pública.

Se propone un mayor control fiscal sobre las monedas virtuales, estableciéndose la obligación de informar sobre la tenencia y operativa

El proyecto de ley contra el fraude fiscal presentado ayer por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, esconde una fuerte subida de impuestos en Patrimonio y aquellas figuras relacionadas con la trasmisión de inmuebles. La normativa consolida las elevadas tasaciones que hacen las Haciendas autonómicas. El texto formaliza, en contra del criterio del Tribunal Supremo, que el Catastro establezca el valor de los inmuebles que sirve como base imponible a la hora calcular la liquidación de los impuestos.

La inspección de Trabajo del Gobierno vasco revisó durante la pasada legislatura un total de 60.164 contratos, de los que 18.312 estaban en fraude de ley y fueron obligados a transformarse para estar dentro de la legalidad. Es decir, más del 30% de las contrataciones.

Javier Sánchez (Podemos) nos presenta las claves de la PNL presentada en el Congreso y que defiende los derechos de los docentes interinos.

1) Un 10 para el policía por su paciencia. 2) Cada vez hay más gente que se las ingenia para no llevar mascarilla. 3) “Habeas corpus” no es un conjuro a lo Harry Potter.

Desde que llegó la ley trans, han sido varios los maltratadores de violencia machista se han cambiado de sexo en el Registro Civil para figurar legalmente como mujeres en su documentación y tratar así eludir su ingreso en prisión. Publicidad Este goteo de casos lleva meses sucediéndose, según denuncian las expertas en violencia de género. Otra cuestión es cuánto tiempo conseguirán dilatar sus procesos judiciales o con qué rapidez se le pondrá freno a estas maniobras desde el Poder Judicial y desde las Administraciones, ya que...

Australia aplica desde hoy, siguiendo los pasos de países como Francia y España, la Ley del Derecho a Desconectarse: quienes laboren en empresas con 15 o más empleados podrán negarse a responder, o estar pendientes, de emails o llamadas telefónicas de jefes, o personas vinculadas, fuera de su horario laboral. En caso de incumplimiento un empresario puede afrontar multa de 18.780 $ australianos (12.742 US$), y una compañía hasta 93.900 (63.729 US$). Las disputas deberán ser resueltas por las partes antes derivarse a la Comisión de Empleo Justo.

En muchas ocasiones el obstáculo para condenar un delito de odio radica en la falta de precisión jurídica para distinguir mensajes xenófobos y racistas del ejercicio de la libertad de expresión. El colapso de la justicia española entorpece más aún resolver esta situación.

Los Gobiernos de Argentina, Costa Rica, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay se pronunciaron tras la decisión de la justicia chavista que otorgó la victoria al dictador

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha anunciado este viernes en el Senado el cese de dos altos cargos de su departamento imputados en el denominado 'caso Koldo' y ha avanzado que la auditoría que anunció en febrero ha detectado irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia a empresas de la trama del ex asesor del ex ministro José Luis Ábalos.

Este fallo judicial expone una realidad perturbadora: las leyes actuales son insuficientes para proteger a los ciudadanos de los pequeños delitos que, acumulados, generan un gran impacto social y económico. No es la primera vez que vemos a delincuentes reincidentes burlarse de la justicia, beneficiándose de un sistema legal que, en su afán de proteger los derechos individuales, termina protegiendo más a los agresores que a las víctimas. Permitir que estos presuntos delincuentes sigan en libertad envía un mensaje nefasto

El fraude electoral cometido en Venezuela no es una mera hipótesis, sino una evidencia demostrada. Un atentado brutal contra la democracia en su forma más elemental, cual es el respeto a las decisiones de la ciudadanía.

La eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha cargado contra la ley de paridad, después de que este jueves haya entrado en vigor con un error técnico. La exministra ha asegurado que la norma está "mal hecha" y ha recriminado al mismo tiempo al "Partido Judicial" por no decir "ni mú". "Hay veces que las leyes están mal hechas de verdad, pero entonces no verás al Partido Judicial Reaccionario decir ni mú. No falla", ha escrito en la red social X.

La certificación de Maduro como ganador de las elecciones es una deriva autoritaria intolerable que confirma los peores augurios

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, recordó este jueves que un cambio de sexo no puede eludir la aplicación de la ley y que aquellos que cometen fraude de ley abusando los derechos de las personas trans y LGTBI para eludir una condena por violencia de género se enfrentan a dos delitos. A preguntas de los periodistas durante un acto en Palencia, Redondo insistió en que “el fraude de ley no está permitido en nuestra legislación ni en nuestro ordenamiento jurídico, ni con respecto a esta ley ni con respecto a ninguna otra”.

A lo largo del proceso penal, desde que se producen las primeras investigaciones hasta que (si fuera el caso) se termina de cumplir una condena, el encausado, aunque no se encuentre en prisión, puede ver limitada su libertad de diversas formas. La falta de claridad de la terminología utilizada en el mundo del Derecho puede dar lugar a una cierta confusión. Todas las situaciones de libertad limitada (llamémosla así) implican que, si bien el individuo sometido a un proceso penal se encuentra en libertad, para conservarla debe cumplir.

La propia ministra de Igualdad, Ana Redondo, calificó la semana pasada de "error lamentable" lo que había ocurrido y apuntó a que en septiembre, cuando se reanude la actividad parlamentaria, el problema sería subsanado en el Congreso. una omisión en la redacción de la Ley de Paridad, la primera que aprobó el último Gobierno de Pedro Sánchez bajo la dirección de la nueva ministra, ha provocado que este tipo de despido ya no vaya a ser nulo sino improcedente.

Giuliani se enfrenta a docenas de acreedores y a una serie de pleitos de gran repercusión, entre ellos una demanda por acoso sexual de 10 millones de dólares y un caso de difamación de la máquina electoral de 1.300 millones de dólares. Giuliani se declaró en bancarrota en diciembre del año pasado después de que un jurado concediera 148 millones de dólares a dos trabajadores electorales de Georgia que ganaron una demanda por difamación contra él. Como abogado de Donald Trump en 2020, Giuliani acusó falsamente a madre e hija Ruby Freeman y Shaye