La Junta y el PP se acusan mutuamente de la situación de unos 800 'alpes', despedidos en septiembre de 2012 del casi centenar de consorcios de las antiguas Unidades Territoriales de Empleo Desarrollo Local y Tecnológico (Utedl). El Tribunal Supremo aprecia "fraude de ley" y "desviación de poder" en 14 sentencias que consideran nulos otros tantos "despidos colectivos". El Gobierno andaluz achaca a los recortes del PP la imposibilidad de readmitir a los trabajadores y crea un grupo de trabajo técnico para analizar la situación.
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