Desde principios del mes de mayo la Xunta de Galicia ha empezado a enviar cartas a cerca de 2.000 personas en riesgo de exclusión social a las que les reclama la devolución de cantidades de miles de euros. Son perceptores de una renta autonómica pensada para cubrir los gastos más básicos y que tramitaron en los últimos meses el ingreso mínimo vital (IMV), pero estaban a la espera de cobrarlo. La administración central les abonó en abril en un solo pago las cantidades atrasadas del IMV.
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