Es un dislate. Una consulta ilegal y delirante. El Gobierno, además de ir a los tribunales, tiene que hacer cumplir la ley e impedir el referéndum con los procedimientos del Estado de derecho. Que suspenda la autonomía del País Vasco por tres o seis meses, como prevé la Constitución, e Ibarretxe se enterará de lo que vale un peine.
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